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El STJ declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Emergencia Económica

El Superior Tribunal de Justicia de la provincia hizo pública una sentencia en la que declara la inconstitucionalidad de la Ley 7751, de Emergencia Económica, sancionada en 2015. El fallo resuelve un caso con tres demandantes. La medida tiene implicancias políticas además de jurídicas.

La sentencia lleva el número 121 y fue firmada el 7 de junio por las Ministras integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, Iride Isabel María Grillo y María Virginia Ise.

Las juezas tomaron en consideración el Expte. Nº 1797/15-1-C, con la demanda de “GONZALEZ KRIEGEL, MARIA DEL CARMEN; DOSSO, OSCAR ALBERTO Y DOSSO, MARCELO ALEJANDRO C/ PROVINCIA DEL CHACO S/ EJEC. DE SENT. ART. 97 LEY 848”. En la parte resolutiva, dispusieron como punto I “declarar la inconstitucionalidad de la Ley Nº 7751”. El fallo saldrá mañana a despacho para ser conocida por los interesados.

La norma en cuestión rigió las decisiones de administración financiera del gobierno de Domingo Peppo, y fue prorrogada en dos ocasiones. Fue rechazada de plano por varios sectores, en especial por los judiciales que tenían sentencias firmes en los juicios por el 113% de aumento.

 

EFECTOS AMPLIOS

La declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Emergencia Económica atiende en principio al caso de los tres demandantes que figuran en la causa. Sin embargo, sienta un precedente que permite a los afectados por la norma que refuercen sus planteos en su contra. Los judiciales con sentencia firme por el juicio del 113% que todavía no firmaron el convenio para cobrar su deuda, serían lo más beneficiados.

Los demás poderes del Estado deberán evaluar a partir de ahora qué conducta adoptan frente a la decisión del máximo tribunal provincial. El Poder Ejecutivo tiene en sus manos la carta de recurrir a la Corte Suprema de Justicia, para que el fallo no quede firme. Por otro lado, el Poder Legislativo tiene por delante una situación de difícil resolución: decidirá la prórroga de la Ley declarada inconstitucional o no. La última prórroga vence el 30 de junio próximo.

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