Una persona con discapacidad no es objeto de asistencialismo asociado a la pobreza y a la indigencia, es un sujeto de derecho», afirmó.
El secretario general de la Gobernación Horacio Rey participó esta mañana de la conferencia de prensa, en la que con distintas autoridades del Estado, manifestaron su repudio al recorte de pensiones por discapacidad que efectuó el Gobierno Nacional. Dirigió la responsabilidad a los funcionarios nacionales del Chaco que “no dan la cara para explicarle a los chaqueños por qué su gobierno está dejando sin pensiones a las personas con discapacidad”.
“Sólo en los primeros días de junio, el gobierno nacional a través de ANSES dio de baja 16.457 pensiones de $4.776 para discapacitados, y ya son 83.000 las pensiones canceladas en lo que va del año”, precisó el funcionario e indicó que la medida “no busca combatir el clientelismo, sino ahorrarle al gobierno nacional $350 millones y reducir el déficit fiscal, pero al hacerlo está atacando a uno de los sectores sociales más vulnerables”.
Horacio Rey apuntó a la responsabilidad del jefe regional de Anses Nordeste Leandro Zdero y del coordinador del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para el Chaco Alejandro Aradas. “No les dan respuesta a los chaqueños y continúan defendiendo a un gobierno que por achicar gastos, quitan beneficios a las personas con discapacidad que se ganaron por ley y por derecho”, expresó.
Además manifestó que “mientras miles de personas se quedan sin cobertura médica, el responsable de Anses y candidato a diputado provincial por Cambiemos hace campaña emulando al personaje del Zorro y se saca fotos como si no estuviera pasando nada”. Agregó: “Sería bueno que le explique a sus votantes cómo va a defender sus derechos en la Legislatura si no puede garantizarlos en Anses”.
Horacio Rey sostuvo que ya hubo presentaciones en la Cámara de Diputados de la Nación para derogar el decreto 432 del año 1997, que establece que para ser beneficiario de pensiones por invalidez hay que ser indigente, “una aberración que nunca se tomó en cuenta a la hora de abordar la problemática de la discapacidad, y que la actual gestión nacional no tuvo mejor idea que poner en práctica”. Aseguró que “su aplicación, además de irracional desde el sentido común, viola la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley 26.378”.
“Una persona con discapacidad no es objeto de asistencialismo asociado a la pobreza y a la indigencia, es un sujeto de derecho”, afirmó y recordó que el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (Ufises), Gabriel de Vedia, calificó de “no legal” la quita de pensiones por invalidez.
El funcionario chaqueño precisó además que la medida se llevó a cabo de manera inconsulta: “Cuando la gente llegó a cobrar al cajero se encontró con que no tenía más la pensión, y ahí empezaron las peregrinaciones a las delegaciones de Anses y de Desarrollo Social de la Nación para ver qué pasaba”.
Según el funcionario, la medida se hizo “exactamente al revés de como dicta cualquier procedimiento administrativo para casos de tanta sensibilidad: le sacaron la pensión a personas con discapacidad y ahora le exigen que se presenten a una nueva junta médica y vuelvan a certificar que son discapacitadas, cuando la propia Anses debió haber hecho un estudio de condiciones socio-ambientales o estado de salud física y psíquica, y recién después evaluar el merecimiento de la pensión”.
Cabe aclarar que las pensiones no contributivas del gobierno nacional son para mujeres solteras con más de siete hijos, personas con una invalidez acreditada y personas que nunca hicieron aportes y tienen más de 70 años. En este sentido, Horacio Rey enfatizó que “se trata de derechos sociales, culturales y económicos, y la medida adoptada es profundamente regresiva”.
Finalmente, Rey dijo que el gobierno nacional va a contrapelo de las políticas previstas por los tratados internacionales con jerarquía constitucional, y a título de ejemplo recordó que en la provincia del Chaco se implementan políticas de inclusión laboral para que personas con distintos tipos de discapacidad trabajen en supermercados, en emprendimientos privados y en el sistema educativo a través de diversos convenios impulsados por el Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Iprodich).

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