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Chaco cuenta con su Código Procesal de Niñez, Adolescencia y Familia

En sesión extraordinaria se aprobó por unanimidad el nuevo Código Procesal de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia del Chaco – Ley 2950-M.

El cuerpo normativo es la culminación de más de un año de trabajo de la Comisión Redactora creada por resolución del Poder Legislativo, en la que participaron representantes de los tres Poderes del Estado, asociaciones de la sociedad civil, profesionales del derecho, magistrados y universidades. En el Recinto estuvieron presentes integrantes de dicha Comisión al momento de la sanción.

La norma establece que la finalidad del proceso de niñez, adolescencia y familia es “la efectiva operatividad de las normas del derecho sustancial” y que “las disposiciones de este código deben ser interpretadas y aplicadas en consonancia con la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia del Chaco, los instrumentos internacionales de Derechos Humanos en los que la Nación sea parte, en el Código Civil y Comercial de la Nación y los principios generales de los procesos de familia enunciados en este cuerpo normativo; las leyes especiales y las 100 Reglas de Brasilia de Acceso a Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad”.

Entre los preceptos generales del Código se determina que “El proceso de familia debe respetar el debido proceso y, en especial, asegurar la tutela judicial efectiva de los derechos. Los jueces tienen el deber de prevenir y sancionar todo apartamiento de la buena fe y lealtad procesal, y de dirigir el proceso para asegurar su observancia, evitando los abusos procesales. Rigen en el trámite los principios de oficiosidad, oralidad, inmediación y acceso limitado al expediente”.

En cuanto al acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad, la ley hace hincapié en la gratuidad, apuntando que “las normas que rigen el procedimiento deben ser aplicadas a modo de facilitar el acceso a la justicia, especialmente tratándose de personas en situación de vulnerabilidad, lo que deberá ser garantizado por el Juez de Niñez, Adolescencia y Familia”, a tales efectos “se consideran personas en situación de vulnerabilidad aquellas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales económicas, étnicas o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante la justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico”.

Los jueces de Niñez, Adolescencia y Familia deben evitar que la desigualdad entre las personas por razones de vulnerabilidad afecte el desarrollo o resultado del proceso el ordenamiento jurídico.

Entre los principios rectores también se establece que “los jueces de Niñez, Adolescencia y Familia deben ser especializados y los juzgados deberán contar con un equipo interdisciplinario” y que “la decisión que se dicte en un proceso en el que están involucrados derechos de niñas, niños o adolescentes, debe tener en cuenta su interés superior”.

“La resolución de los conflictos familiares debe procurar y preferir soluciones consensuadas, la que comprende a los procesos de transacción, conciliación, mediación y toda otra vía de solución y acuerdo no contenciosa, promoviéndose la autocomposición del conflicto”, señala la norma, entre otros puntos.

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