El interventor nombrado por el Gobierno en Vicentin, Gabriel Delgado, dijo que analizó la situación de la empresa junto al presidente Alberto Fernández y afirmó: «No nos aferramos a los instrumentos».

«El propósito del Gobierno es preservar las fuentes de trabajo y que los productores puedan cobrar», expresó por Twitter el exsecretario de Agricultura de Cristina Kirchner, sobre la cerealera, que enfrenta un concurso con más de 2600 acreedores y un pasivo de 99.000 millones, cuya parte mayoritaria, unos 18.000 millones, están en manos del Banco Nación.

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Con @alferdez analizamos la situación de Vicentin. Repasamos todas las alternativas y no nos aferramos a los instrumentos. El propósito del gobierno es preservar las fuentes de trabajo y que los productores puedan cobrar.

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Días atrás, el Presidente cambió su plan original respecto de la agroexportadora y delegó la expropiación en el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. El giro oficial se dio después de que el juez de Reconquista, a cargo del concurso de acreedores, restituyera a los directivos de la empresa en sus funciones y relegara a simples veedores a los funcionarios designados por el jefe del Estado.

El magistrado santafesino consideró «improcedentes» los cuestionamientos a la constitucionalidad del decreto 522/2020, que salió publicado en el Boletín Oficial, que prevé la intervención de la empresa agroexportadora, que nació en 1922 en Avellaneda.

El mensaje de Delgado aparece mientras crece el descontento en el campo y en la ciudad. Ayer hubo, en distintos puntos del país, masivas protestas contra la expropiación de la cerealera mientras distintos actores políticos, inclusive de sus propias filas, empujaban una salida negociada. Como informó LA NACION, el Presidente se muestra más flexible para buscar una opción intermedia.

No obstante, Fernández expresó ayer sobre las manifestaciones que «es gente que está confundida» porque «terminan haciéndose cargo o avalando a personas que tienen un nivel de cuestionamiento muy alto», en referencia a los dueños de la cerealera que están bajo la lupa de la Justicia por denuncias de fraude e incumplimiento de pago a cientos de productores agropecuarios.

Histórica protesta en Avellaneda
Histórica protesta en Avellaneda Fuente: LA NACION – Crédito: Marcelo Manera

La salida que buscó el Gobierno también logró aquietar las aguas dentro del Frente de Todos, donde algunos se sentían incómodos con la expropiación. El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que debía buscar los votos para el proyecto de ley, jamás se pronunció públicamente sobre el tema.

El clima de protesta social y la falta de votos en Diputados, sumado a los sectores políticos que vienen insistiendo en que es posible encontrar una salida negociada para el asunto Vicentin sin una expropiación, llevaron al Gobierno a pisar el proyecto de ley y a revisar su hoja de ruta.

Para los dirigentes del agro, en la masiva protesta se cristalizó no solo el rechazo al avance a la propiedad privada por el caso Vicentin, sino también cualquier avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre otro poder, como el Judicial, que lleva adelante el concurso de acreedores de esta ceralera.

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