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DESARROLLO SOCIAL CUESTIONA EL PROYECTO PARA DISMINUIR LA EDAD DE PUNIBILIDAD

La subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia señaló que las políticas de seguridad deben direccionarse en la contención y promoción de derechos de los jóvenes con acceso al deporte, la cultura, la salud y la recreación.

El Ministerio de Desarrollo Social cuestionó la iniciativa que propone bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 años para delitos de índole penal, promovida por el gobierno nacional. La subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Julieta Tayara, señaló que la mirada desde la cartera social es la de diseñar y aplicar acciones destinadas a la prevención y asistencia integral de esta franja poblacional y concibiendo a la encarcelación como la última instancia.

“Somos el órgano técnico-administrativo de aplicación de la Ley 7.162 y como tal y en sintonía con lo que señalan organismos internacionales las políticas tienen que direccionarse en la contención y promoción de derechos de los jóvenes con acceso al deporte, la cultura, la salud y la recreación”, indicó.

La funcionaria aseguró que la problemática de la seguridad no debe centrarse en los adolescentes, ya que la incidencia de este rango etario dentro del fenómeno social es mínima.  “Los adolescentes infractores de la ley penal son parte de un porcentaje muy bajo dentro del sistema y de ese universo solo el cuatro por ciento comete delitos graves, encerrar a los adolescentes es trabajar sobre la inmediatez y con una prisma más asociado a una especulación electoral que a atender el fondo de la cuestión”, señaló.

Como propuesta, Tayara exhortó a propiciar políticas del fortalecimiento de la “calidad educativa, entendiendo a la escuela como institución contenedora y con acciones que promuevan la vinculación familiar en los hogares y el fortalecimiento del rol de las familias, con la participación comunitaria”.

Finalmente, consideró necesario instalar el debate para generar un nuevo sistema penal juvenil, atento a que la actual normativa no se ajusta al contexto social, ya que fue sancionada en 1980. “Tenemos el desafío de generar procesos integradores y construir una sociedad que vaya librándose de toda manifestación violencia y para los casos  de adolescentes infractores de la ley penal garantizar el debido proceso y analizar incluso medidas que reparen el daño a la víctima”, sostuvo.

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